Decreto obliga a informar compras en efectivo a la SET desde G. 50 millones

Polémica norma, que será reglamentada, busca erradicar prácticas relacionadas con lavado de dinero, según la SET.

Contadores califican de sorpresiva la medida y dicen que será una carga más para ellos.

Mediante Decreto Nº 7851, el Poder Ejecutivo dispuso que las compras de bienes y servicios realizadas por contribuyentes del Iracis, Iragro, IRPC e IRP desde G. 50 millones, deberán ser comunicadas a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Las compras pueden ser realizadas individualmente o en varias operaciones durante el mes y que totalicen esa suma, siempre que sean abonadas en efectivo, total o parcialmente.

 
El objetivo del decreto, según fue explicado a Última Hora por la viceministra de Tributación, Marta González, es erradicar eventuales prácticas de lavado de dinero, producción de documentos no auténticos y otros delitos que fueron detectados sistemáticamente en los casos de megaevasión.

"En cada uno de los casos de megaevasión hay numerosos contribuyentes que apelan a disfrazar compras de mercaderías con facturas falsas, contabilizando la transacción en efectivo. Operaciones de hasta G. 10.000 millones no pueden ser concebibles que sean manejadas sin que intermedie el sistema financiero", explicó.

González afirmó igualmente que el tenor del decreto salió de Tributación y fue presentado al Ejecutivo para que luego se contemple la reglamentación respectiva con un énfasis fácil de ser comprendido, además de generar un sistema informático especial, que permita a los contribuyentes reportar los informes sin necesidad de salir de su domicilio, ya que todo se hará en línea.

El decreto estipula que la comunicación deberá ser realizada por el comprador y por el vendedor, aún en los casos en que la transacción sea cancelada mediante pagos parciales menores a los G. 50 millones establecidos como mínimo.

La normativa, de todos modos, contempla una excepción respecto de la obligación de informar, y se relaciona con las compraventas abonadas a través de medios fehacientes de pago que identifiquen debidamente a las partes; además de las operaciones realizadas por las entidades bancarias, financieras, cooperativas y casas de cambio, entre sí.

El incumplimiento de la obligación constituirá una infracción tributaria de carácter formal, según el decreto, y será pasible de la sanción por contravención (violación de leyes o reglamentos), la que será aplicada respecto a cada información omitida.

 Esto será sin perjuicio de la comunicación a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en los casos que se detecten operaciones no informadas y que se presenten evidencias.
 
Fuente Ultimahora
 
Fecha: 13/10/17

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