Como si fuera un gran éxito de gestión administrativa, se anunció que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) había pagado varios centenares
de millones de guaraníes a sus funcionarios como fruto del porcentaje que les corresponde por las multas aplicadas a los infractores de las normas tributarias. Esto es una cuestión rutinaria, pero en realidad constituye un abuso de poder y mal desempeño de la función pública.
Los inspectores de la SET ya tienen un sueldo, en promedio, bastante alto en comparación con otros funcionarios estatales y trabajadores del sector privado. Perciben su salario como retribución por el trabajo de velar por el cumplimiento de las normas tributarias, de modo a evitar la evasión de impuestos de parte de comerciantes inescrupulosos o personas y empresas que desarrollan sus actividades en la informalidad, fuera de la ley.
Entonces, con un raciocinio elemental, no tienen por qué cobrar sobresueldos extras por realizar su trabajo específico; ya se les paga para que persigan a los evasores y apliquen las multas que correspondieren. La plata cobrada en tal concepto debe ir al Ministerio de Hacienda, como parte de los recursos regulares del fisco y, de ninguna manera, puede derivarse hacia los bolsillos particulares de los funcionarios.
Una distorsión similar se da entre los empleados de la Dirección General de Aduanas quienes, al descubrir e incautar mercaderías en situación de contrabando, reciben un porcentaje de las multas y aranceles correspondientes. De nuevo, la misma pregunta: ¿por qué deben cobrar extra por el trabajo normal que están realizando?
En algunos ministerios y entes autárquicos, existen otros conceptos de cobros irregulares parecidos como “responsabilidad en el cargo” y “cumplimiento de los objetivos”. En su momento, la entonces ministra de Salud Pública, Esperanza Martínez, había dispuesto varios pagos adicionales a los médicos y funcionarios administrativos por “logro de objetivos”, empezando por ella misma que se autovadjudicó más de 30 millones de guaraníes.
En las dos cámaras del Congreso, en el Ministerio Público, en las entidades binacionales de energía, etc. proliferan las remuneraciones complementarias por el concepto “responsabilidad en el cargo”. El pago es riguroso y automático, aunque el funcionario público sea un irresponsable.
También se han criticado bastante, en los últimos tiempos, el seguro médico VIP y las jubilaciones de privilegio que se autoasignan los parlamentarios en forma complementaria a sus sueldos. ¿Por qué el Estado debe pagarles aparte, como sobresueldo, lo que todos los ciudadanos abonan de sus recursos particulares?
En términos estrictamente legales y administrativos, estos pagos extras se realizan correctamente, ya que figuran en el presupuesto general de gastos de la nación, pero el sentido común nos indica que están mal, que no debería ser así. Constituyen pequeños actos de corrupción multiplicados por miles en todo el país. Entonces, lo que necesitamos es que, sea por ley o por reglamentos internos, se eliminen estos pagos extrasalariales para que la plata así ahorrada se destine a los sectores más carenciados de nuestra sociedad.
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Abc color
09/07/2018