Intolerable insolencia

En una insolente nota enviada a la ministra de Hacienda, Lea Giménez, la viceministra de Tributación, Marta González Ayala, se permitió

“advertir respetuosamente a los señores parlamentarios las graves consecuencias que pueden derivarse de una decisión adoptada en circunstancias coyunturales, sin duda inadecuadas para tratar una cuestión que demanda la máxima mesura y sensatez”. Se alude aquí a que el Senado resolvió reducir a la mitad los 40.000 millones de guaraníes contemplados en el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para ser distribuidos entre los funcionarios de la Administración Tributaria en concepto de multas impuestas a los contribuyentes, y entre las que se incluyó, resolución mediante, la propia viceministra. La nota enviada al Parlamento utilizando a la ministra de Hacienda como mensajera puede interpretarse como una amenaza. A la ciudadanía le gustaría saber cuáles serían “las graves consecuencias que pueden derivarse” de lo resuelto por el Senado. Esto huele a un descarado chantaje, que merece el voto de censura del Congreso previa citación e interpelación, y el repudio de los contribuyentes, porque estos “servidores públicos” están para aplicar las leyes tributarias como corresponde y no para llenarse los bolsillos con multas.

En una insolente nota enviada a la ministra de Hacienda Lea Giménez, la viceministra de Tributación Marta González Ayala se permitió “advertir respetuosamente a los señores parlamentarios las graves consecuencias que pueden derivarse de una decisión adoptada en circunstancias coyunturales, sin duda inadecuadas para tratar una cuestión que demanda la máxima mesura y sensatez”. Se alude aquí a que el Senado resolvió reducir a la mitad los 40.000 millones de guaraníes contemplados en el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para ser distribuidos entre los funcionarios de la Administración Tributaria en concepto de multas impuestas a los contribuyentes. Debe recordarse que la viceministra tuvo el descaro de incluirse, mediante su Resolución Nº 12/15, entre los beneficiarios del prorrateo.

Sus antecesores no habían considerado necesario aumentar sus ingresos beneficiándose de la repartija del 50% de las multas impuestas al cabo de un sumario resuelto por ellos mismos, prevista en el art. 239 de la Ley de Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal, vigente desde 2004. La jefa de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en cambio, creyó conveniente ser a la vez juez y parte en un procedimiento del que ella puede resultar favorecida, como de hecho lo ha venido siendo: en agosto último, por ejemplo, se quedó con nada menos que un adicional de 20.411.230 guaraníes de las multas aplicadas, de modo que su ingreso mensual trepó a 43.280.830, monto que supera las remuneraciones de la ministra de Hacienda y del propio Presidente de la República.

Pero eso no es todo. Como la participación individual en las multas solo puede llegar hasta un máximo de diez salarios mínimos al mes, arbitrariamente establecida por la resolución citada, la viceministra y sus jerarcas tienen jugosos créditos a su favor provenientes del acumulativo de un mayor valor de dichas multas, que solo podrán cobrar luego de que abandonen sus respectivos cargos. Eso conlleva que, en caso de no continuar los cartistas en el Gobierno después de las próximas elecciones, con el nuevo no podrán cobrar íntegramente el saldo acumulado de las multas, debido a la reducción presupuestaria. La suma de 40.000 millones de guaraníes prevista por el Ministerio de Hacienda, que duplicaba lo presupuestado para este año, respondía precavidamente a esa eventualidad.

Pero hay algo más grave aún, y es que, utilizando a la ministra de Hacienda como mensajera, Marta González Ayala hizo llegar al Parlamento lo que puede interpretarse como una amenaza. A la ciudadanía le gustaría saber cuáles serían “las graves consecuencias que pueden derivarse” de lo resuelto por el Senado. ¿Dejarán los funcionarios de la SET de cumplir con su deber de cobrar impuestos y de perseguir a los evasores porque su viceministra ya no podrá seguir sacándole una tajada a la sanción pecuniaria ni abandonar el puesto llevándose una suma bastante respetable, junto con el director de Grandes Contribuyentes, Víctor Gómez de la Fuente, entre otros? Esto huele a un descarado chantaje, que merece el voto de censura del Congreso previa citación e interpelación, y el repudio de los contribuyentes, que tienen el derecho de exigir a esos “servidores públicos” que apliquen como corresponde las leyes tributarias, y no precisamente para llenarse los bolsillos.

La máxima autoridad de la Administración Tributaria habla de “mesura y sensatez”, como si su misiva fuera un dechado de esas cualidades. Se queja también de los “inmisericordes ataques mediáticos de ciertos sectores que, siendo sujetos de los rigurosos controles que esta administración ha encarado, se sienten afectados o amenazados probablemente por primera vez en muchos años”. Una peligrosa conjetura de la viceministra para desviar la atención del asunto principal: no quiere perder el voluminoso monto que, en verdad, le pertenece al erario.

En efecto, nuestro diario ha venido criticando con severidad a la actual Administración Tributaria, pero no precisamente porque sus controles sean rigurosos, sino más bien por el motivo contrario de que, por cobardía –ni por casualidad asoma la nariz por Ciudad del Este–, deja escapar de sus redes a los peces gordos de la evasión impositiva, vinculados al poder político. Y desde luego, no censura la aplicación de multas cuando corresponda, sino el hecho de que los funcionarios, empezando por la viceministra, se queden con la mitad de ellas.

La autora de la insólita nota hace mal en irritarse ante las objeciones de la sociedad civil. Fundó su advertencia a los legisladores en un “deber cívico”, como si pudiera invocarlo quien es la principal responsable de las “graves consecuencias” del incumplimiento de una obligación legal. El celo por las instituciones y los intereses del país es precisamente lo que exige poner coto a un enriquecimiento a todas luces injustificado. Las razones de fondo ya fueron expuestas en nuestro editorial del 15 de septiembre último y conducen a pedir la derogación de la norma legal que dispone esa inmoral participación. También la han solicitado la Asociación de Graduados en Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la UCA y el Movimiento Resistencia Contable del Paraguay, que señalan, con buen criterio, que “las multas deberían destinarse, el 100%, a Rentas Generales dentro del Presupuesto General de la Nación, para ser reasignadas a otros sectores más necesitados”.

La viceministra tiene que entender que el interés general debe primar sobre su interés personal y el de un grupo privilegiado de sus subordinados, y que su ofuscada advertencia es francamente intolerable.

La carta de esta señora muestra el grado de deterioro a que ha sido sumergido el respeto a las instituciones de la República, que hasta una simple viceministra se permite el lujo de enviarle una amenaza nada menos que a la Cámara de Senadores.

Fuente : ABCOLOR

Fecha:  28/11/2017


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