A través de un comunicado, el Colegio de Contadores del Paraguay sentó postura referente a las notificaciones masivas enviadas a unos 2.100
contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal por supuestos errores en la deducción de las inversiones. En el mismo documento solicitan al Poder Ejecutivo la invalidación de dichas notificaciones, y plantean además la formación de un grupo de trabajo para la reforma de la citada ley.
El gremio argumenta su pedido en una serie de irregularidades que se dieron en torno al procedimiento de la Administración Tributaria. Sostienen que el Ministerio de Hacienda por medio de su ente recaudador, Tributación, genera un “terrible ambiente de inseguridad jurídica”, ya que realiza notificaciones masivas sin considerar la situación particular de cada contribuyente, de manera absolutamente irresponsable, manifiesta el comunicado firmado por el licenciado Atilio Gayoso, titular del gremio, y la licenciada Alba Talavera, del consejo profesional.
Según el gremio, Tributación justifica su accionar por la baja recaudación del IRP y con este argumento emitió normas contrarias a lo que la propia ley establece, cambiando radicalmente los principios de deducibilidad de las inversiones.
Sobre este punto citan que la Ley 4673/12 en su artículo 3 numeral d) señala taxativamente que “En el caso de las personas físicas, todos los gastos e inversiones relacionadas a la actividad gravada”; mientras que el artículo 10, sobre el “Hecho generador”, indica con toda claridad que no se admiten dudas ni otras interpretaciones que prescribe como actividad gravada, los dividendos y las ganancias de capital que generan las inversiones en instrumentos de patrimonio. Entonces, ¿con qué argumentos excluyen, cuando la ley dice que se puede deducir todo?, se preguntó el gremio que aglutina y representa a la mayor cantidad de profesionales contables del país y con más de 100 años de trayectoria.
Por otra parte, también expusieron su rechazo al Decreto 6560/2016 (que dispone nuevas disposiciones para la liquidación del IRP), porque según el gremio dicha norma viola el principio de legalidad, al atribuirse funciones legislativas que no le corresponden al Poder Ejecutivo, en abierta violación a las disposiciones constitucionales.
Al respecto, la ministra de Hacienda, Lea Giménez, salió en defensa de la gestión de Tributación señalando que la gente solo quiere agarrarse de distintas cuestiones para no pagar sus impuestos. Giménez defendió los procesos alegando que desde el punto de vista legal hay certeza en el procedimiento de la SET. En cuanto a la demora de 4 años para notificar a los contribuyentes, alegó que se dio dentro del plazo legal de los 5 años.
Fuente: ABCCOLOR
fecha : 13/11/2017