La viceministra de Tributación, Marta González Ayala, afirmó ayer en rueda de prensa que quienes no están conformes con las disposiciones
emitidas sobre el IRP tienen el derecho de recurrir a la justicia o si creen que se está desalentando la inversión, deben encarar la modificación de la ley.
La titular de la administración fiscal defendió ayer la postura de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) con relación a las inversiones que son deducibles del impuesto a la renta personal (IRP), manifestada en la nota de respuesta que dio a la “consulta no vinculante” planteada por la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco).
González Ayala indicó que se tomaron el tiempo suficiente para contestar puntual y meticulosamente cada uno de los puntos que consultaron los gremios, porque la intención es que se entienda bien, porque se deja sentada la postura de la SET con relación a lo que hoy establece la ley de IRP.
La Feprinco había solicitado al fisco que aclare el alcance de su interpretación sobre la deducibilidad de las inversiones en acciones y cuotas de sociedades para los ejercicios fiscales del 2012 al 2016, por una parte, y también el tratamiento para la fase posterior, es decir desde el ejercicio 2017.
La SET, entre otros puntos, ratificó su posición respecto a que serán deducibles las inversiones y gastos del IRP siempre y cuando estén directamente relacionados a la actividad gravada. En ese sentido, no considera deducible la compra de acciones, la colocación de rentas para obtener un rendimiento económico en una sociedad comercial, porque la sociedad ni su actividad están relacionadas a la actividad gravada del profesional.
A las críticas lanzadas desde el sector privado contra la postura de la SET, así como los anuncios de que irán a la justicia con una acción de inconstitucionalidad porque consideran que la ley no limita las inversiones, la viceministra señaló que si los ciudadanos no están conforme con alguna disposición tienen la garantía constitucional de recurrir a la justicia.
Expresó que la administración tributaria, como autoridad de aplicación de las leyes impositivas, tiene que aplicar la ley y si la ley dice que la inversión es deducible hasta tal límite, no pueden decir lo contrario porque se va a dialogar o negociar con determinados sectores. “Acá nosotros tenemos que aplicar lo que dice la ley y eso es lo que hemos hecho”, afirmó.
Con respecto a que se desalienta la inversión y se pone trabas a la generación de empleos, sostuvo que esa es una cuestión que hay que encarar en otra instancia para que se modifique la ley, en este caso el Congreso. En ese sentido, sobre un eventual proyecto de ley a ser analizado para su presentación, adelantó que se tendría que buscar ya con el nuevo gobierno.
En vigencia desde 2012
El IRP entró en vigencia el 1 de agosto de 2012 y actualmente la cantidad de contribuyentes llega a los 70.666 personas físicas y jurídicas. La ley del IRP fue reglamentada por Decreto Nº 9371/12, vigente hasta el 28 de diciembre de 2016, tiempo en que fue modificado por el Ejecutivo para limitar las deducciones. Los gremios argumentan que se viola la ley.
fuente: AbcColor
fecha 08/05/2018