Casas de crédito

La Seprelad resolvió que las personas físicas o jurídicas que se dedican con capital propio a dar créditos, prestar dinero o administrar carteras 

de crédito deben registrarse ante ella. Tuvieron que pasar veinte años para que advierta que las llamadas “casas de crédito” pueden servir muy bien para cometer el delito que está encargada de combatir. Sin embargo, la disposición debe ser aplaudida, y ahora es de esperar que la carta orgánica del Banco Central sea rápidamente actualizada, para que pueda controlar esas entidades, que cobran unas tasas de interés usurarias de entre el 85 y el 87%, superando así el doble del límite fijado por dicho organismo técnico. Hoy en día, son más de 173 y su cartera asciende aproximadamente a 376 millones de dólares anuales, equivalentes al 5% del mercado financiero y bancario, favorecida por la Ley N° 5476/15, que impuso a los bancos un tope al interés que pueden cobrar por las tarjetas de crédito. Esta ley populista, de un saque expulsó a unos 80.000 usuarios de menores ingresos del sector financiero formal, quienes terminaron cayendo en las garras del informal, donde son esquilmados impunemente. Las consecuencias de esta ley sugieren que ella sea derogada.

A buena hora, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) resolvió que las personas físicas o jurídicas que se dedican con capital propio a dar créditos, prestar dinero o administrar carteras de crédito deben registrarse ante ella, porque están regidas por la Ley N° 1015/97, modificada por la N° 3783/09.

Tuvieron que pasar veinte años para que advierta que las llamadas “casas de crédito” pueden servir muy bien para cometer el delito que está encargada de combatir. Sin embargo, la disposición debe ser aplaudida, y ahora es de esperar que la carta orgánica del Banco Central sea rápidamente actualizada, para que pueda controlar esas entidades, que cobran unas tasas de interés usurarias de entre el 85 y el 87%, superando así el doble del límite fijado por dicho organismo técnico. Hoy en día, son más de 173 y su cartera asciende aproximadamente a 376 millones de dólares anuales, equivalentes al 5% del mercado financiero y bancario, favorecida por la Ley N° 5476/15, que impuso a los bancos un tope al interés que pueden cobrar por las tarjetas de crédito. Esta ley populista, de un saque expulsó a unos 80.000 usuarios de menores ingresos del sector financiero formal –quizá su oculta intención–, quienes terminaron cayendo en las garras del informal, donde son esquilmados impunemente. Como las casas de crédito no captan dinero del público sino que operan con un capital propio, a cuya formación pueden contribuir el narcotráfico, el contrabando y las coimas, entre otras actividades delictivas, resulta que quienes están detrás de ellas pueden ganar a dos puntas: practicando “legalmente” la usura, por un lado, y blanqueando su dinero sucio, por el otro.

La resolución de la Seprelad obliga a las personas jurídicas a presentarle sus estatutos, una constancia de inscripción en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la nómina de sus socios o accionistas, así como la de sus directorios; aparte de la constancia de inscripción en la SET, las personas físicas deben entregar una declaración jurada de bienes, obligaciones e ingresos, con documentos que demuestren el origen de los fondos empleados para integrar el capital.

Se dirá que la administración tributaria ya conoce a los “dueños” de las casas de crédito, pero ocurre que a ella no le interesa de dónde sacaron o sacan su dinero quienes aparecen como contribuyentes. En la mayoría de los casos son meros prestanombres, pero lo decisivo es que se sepa de dónde salió el dinero para montar el lucrativo negocio que, por cierto, también puede servir para financiar el terrorismo.

Por eso, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilad), parte de un organismo mundial que supervisa las medidas contra el lavado de dinero, aconseja que las instituciones financieras sean reguladas adecuadamente. A instancias suyas se sancionó la ley que prohíbe las acciones al portador, y es de suponer que la nueva resolución de la Seprelad fue dictada para superar el examen al que nuestro país será sometido por la Gafilad, en el primer semestre de 2018. Debe entenderse que la represión del lavado de dinero interesa muchísimo a la comunidad internacional, de modo que cuanto se haga o se deje de hacer al respecto será evaluado por ella con suma atención. Hasta ahora, los controles de la Seprelad han sido demasiado endebles, acaso porque hay fuertes intereses ligados al poder político que tienen mucho que ocultar.

En un reciente informe sobre la economía subterránea, la ONG Pro Desarrollo Paraguay señala que “el flujo de capitales ilícitos pone al país en la vidriera internacional como un Estado débil ante la amenaza del lavado de activos”. Tal como están las cosas, algunas casas de crédito bien podrían estar vinculadas a este peligro, razón por la cual todas deben ser controladas de cerca.

Su asombrosa proliferación fue, a no dudarlo, facilitada por la insensata Ley N° 5476/15, de modo que bien puede presumirse que hay legisladores inescrupulosos vinculados a la referida amenaza. Argumentarán, claro, que solo pretendían defender a los titulares de tarjetas de crédito, pero una ley debe juzgarse por sus resultados, y los de esta se hallan a la vista: perjudicó a los supuestos beneficiarios de la normativa (80.000 personas) y favoreció a quienes pueden hacer “trabajar” con usura los fondos provenientes del delito, incluidos los cometidos en la función pública.

Hasta ahora, el dinero generado por la corrupción podía ser lavado con toda facilidad en un sistema financiero que había estado exento de toda inspección estatal. Si la Seprelad se decidió, por fin, a intervenir fue porque la presión internacional ya era insoportable. Resta ver cuán rigurosa será a la hora de aplicar su resolución, y de verificar la autenticidad de los documentos que deben acercarle las casas de crédito; por de pronto ha dado un paso importante para combatir un delito –el lavado de dinero– al que recurren generalmente quienes han cometido algún otro.

Que los delincuentes guarden el dinero sucio bajo el colchón, pero que no lo vuelquen al sistema financiero para contaminarlo, buscando la impunidad. Buscarán testaferros, porque eso asegura que el verdadero dueño permanezca oculto, como posiblemente lo sepa el senador Víctor Bogado. Pero, de lo que se trata, justamente, es de impedir que se borren las huellas de una operación ilícita, para lo cual es necesario que la lupa estatal pueda detectar transferencias o inversiones originadas en el mundo del crimen.

Según el presidente del Banco Central, Carlos Fernández Valdovinos, ese organismo deberá reforzar su plantel de funcionarios para poder vigilar todas las casas de crédito. Pese a la superpoblación del aparato estatal, si tal es el precio a pagar para precautelar a quienes se ven forzados a recurrir a ellas, habrá que hacer el correspondiente esfuerzo.

En cuanto a la Seprelad, cabe insistir en que ni los paraguayos ni la Gafilad deben darse por satisfechos con la medida comentada, sino observar de cerca su ejecución. En cuanto a la Ley N° 5476/15, sus consecuencias sugieren que sea derogada, porque así saldrán ganando los pequeños usuarios de tarjetas de crédito y la transparencia del mercado financiero. Ella genera un importante caldo de cultivo para la usura y el lavado de dinero, que en nada ha beneficiado al país, sino todo lo contrario.

fuente: ABCOLOR

fecha: 27/12/2017